El Ayuntamiento de Alicante se ve expuesto a una denuncia si no aplica la Ley de Bienestar Animal para proteger las colonias felinas

Las asociaciones Felinos Lo Morant y Acofal (Asociación Colonias Felinas Alicante) han dado tres meses al Ayuntamiento de Alicante para que cumpla con las colonias felinas lo que le exige la Ley de Bienestar Animal. Las dos entidades denuncian que quienes alimentan y llevan al veterinario a los gatos de la calle son, sobre todo, vecinos y vecinas que lo pagan con su tiempo y su dinero, pese a que esa tarea le corresponde al consistorio que dirige el alcalde Luis Barcala.

Dos leyes y un mismo responsable. Y es que, según las entidades, tanto la ley autonómica como la estatal dejan esa responsabilidad en manos municipales. La Ley 2/2023 de la Comunitat Valenciana de 2023 atribuye en su artículo 24 a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios y les exige un programa de gestión de colonias felinas. Y la norma estatal, que entró en vigor ese mismo año, va en la misma línea, como veremos más adelante.

Pero las asociaciones sostienen que el Ayuntamiento no ha cumplido ninguna de las dos. Y lo apoyan en un reconocimiento por escrito del propio consistorio, que en septiembre de 2026 respondía que estaba empezando a dar los pasos necesarios para elaborar el Programa de Gestión Integral de Colonias Felinas, el mismo al que la ley autonómica obliga desde marzo de 2023.

Lo que falta, según los papeles. Citando documentos municipales, las entidades enumeran lo que echan en falta: el programa de gestión de colonias, un censo, los protocolos, la atención veterinaria y un lugar de acogida temporal para los gatos. Además, llevan meses pidiendo explicaciones. En marzo solicitaron 19 bloques de documentación y el Ayuntamiento estimó la petición, aunque no entregó ninguno de los documentos y se limitó a transcribir un informe interno que, según las asociaciones, no respondía a ninguno de los puntos.

En mayo llegaron otras cuatro solicitudes de información. La ley da un mes para contestar, pero el consistorio tardó casi cuatro, despachó dos con un enlace a su web de contratación e inadmitió las otras dos. Para rechazar la que pedía datos de expedientes sancionadores de protección animal, alegó que no disponía de personal para elaborarlos.

Personal para unas cosas sí. Conchi Llinares, portavoz de Acofal, lo resume con una queja que recoge la misma nota de prensa: “Nos dicen que no tienen personal para darnos unos datos. Nosotras tampoco tenemos personal, ni presupuesto, ni sueldo, y salimos cada noche a hacer lo que les corresponde a ellos”.

Y eso que, según recuerda la voluntaria, sí que hubo personal para retirar los puntos de alimentación de las colonias de los parques de El Palmeral y La Ereta. La explicación municipal, siempre según las asociaciones, fue que esas retiradas se hicieron sin conocimiento ni previo aviso de Sanidad.

Tres meses de margen. Las dos entidades han requerido formalmente al consistorio para que, en ese plazo, apruebe el programa, complete el censo, garantice la atención veterinaria de los gatos comunitarios y deje de retirar puntos de alimentación sin el procedimiento que marca la ley. Si el plazo vence sin resultados, avisan de que acudirán a los tribunales.

Eso sí, la concejalía de Sanidad y Protección Animal, que dirige Luis Morata, da otra versión según recoge Información. Asegura que se está reforzando el personal del departamento para agilizar toda la documentación pendiente, y que organiza jornadas de formación para cuidadoras y actualiza los censos de colonias y de cuidadoras. También defiende que la atención sanitaria a estos gatos se está realizando, ya que el contrato incluye la captura, esterilización y retorno, la identificación con microchip a nombre del Ayuntamiento y la aplicación de tratamientos sanitarios obligatorios a 200 gatos al año. Además, destaca el servicio de recogida y custodia de animales y añade que la Sociedad Protectora de Animales y Plantas dispone de un lugar adecuado para acoger temporalmente gatos de colonias cuando haga falta.

El capítulo VI de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales está dedicado a las colonias felinas. Su artículo 39 encarga a los ayuntamientos la gestión de los gatos comunitarios mediante programas que incluyen censo, esterilización, un programa sanitario y mecanismos normativos de control, el artículo 40 deja en manos de las comunidades autónomas los protocolos marco y el 41 obliga a los ciudadanos a “respetar la integridad, seguridad y calidad de vida de los gatos comunitarios” que forman esas colonias.

Foto | Sergey Ovchinnikov

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