Redacción Coco y Maya
EditorSi vives en una urbanización con zonas comunes, es posible que en alguna o en los alrededores hayas visto casetas térmicas y comederos para los gatos que viven allí o en la calle, y puede que a algún vecino le moleste y quiera quitarlos o romperlos. Pero hacerlo no es algo que pueda decidir un vecino ni la comunidad, porque la Ley 7/2023 de Bienestar Animal protege tanto a los gatos de las colonias como las instalaciones que se utilizan para cuidarlos.
Qué dice el artículo 41. El texto legal dedica este artículo a las obligaciones de los ciudadanos, y en él establece que quienes conviven con una colonia felina deben respetar “la integridad, seguridad y calidad de vida de los gatos comunitarios”, además de las instalaciones de comida y refugio que forman parte del programa de gestión. A eso se suma el artículo 42, que prohíbe retirar o reubicar a estos gatos salvo en los supuestos excepcionales que recoge la propia norma. Vamos, que ni los comederos ni los propios gatos se pueden quitar de en medio porque así lo decida alguien.
Aunque el patio sea privado. El principal motivo de choque en las juntas de vecinos es pensar que, como el jardín, el garaje o el patio pertenecen a la comunidad de propietarios, se puede suprimir cualquier instalación sin consultar a nadie. Pero la misma ley atribuye a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, salvo que la normativa autonómica disponga otra cosa, y les encarga elaborar protocolos para las colonias situadas en ubicaciones privadas y para gestionar los conflictos vecinales.
Por lo tanto, ni el presidente de la finca, ni el administrador ni un vecino a título particular pueden desmantelar los refugios o tirar los platos de comida autorizados dentro del programa municipal. Si hay desacuerdo sobre dónde están las casetas o sobre su impacto visual, toca resolverlo con los técnicos del ayuntamiento y las personas cuidadoras acreditadas, una mediación a la que dedica un apartado la directriz técnica sobre gestión de poblaciones felinas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La multa depende del daño. Deshacerse de estos elementos no es un simple roce de convivencia, sino incumplir una norma estatal. Eso sí, la sanción varía según sus consecuencias. La Ley 7/2023 considera leve la conducta que incumple sus obligaciones sin causar daños físicos ni alteraciones de comportamiento al animal, y la castiga con un apercibimiento o con una multa de 500 a 10.000 euros. Pasa a ser grave cuando provoca daño o sufrimiento a los gatos, igual que retirarlos o desplazarlos fuera de los casos permitidos, y las infracciones graves se multan con entre 10.001 y 50.000 euros. Responden de ellas las personas físicas o jurídicas que las cometan, y de forma solidaria si son varias.
Cuando hay lesiones o muertes. El asunto puede ir a más si la destrucción de los refugios o la falta de agua y comida acaba causando lesiones, deshidratación o la muerte de los gatos. En ese caso podría tratarse de un presunto delito de maltrato animal, que el artículo 340 bis del Código Penal castiga cuando la lesión requiere tratamiento veterinario y, con penas mayores, cuando el animal muere.
Higiene y ubicación. La protección de comederos y refugios tampoco avala dejar comida casera de cualquier manera ni descuidar la limpieza de las zonas comunes. La ley estatal deja en manos de los protocolos autonómicos los criterios de alimentación y limpieza y la instalación de refugios y tolvas, y la directriz del ministerio recomienda que el pienso seco sea obligatorio, que haya normas de limpieza para el punto de alimentación y que las personas cuidadoras estén acreditadas y formadas por la entidad local.
Para las urbanizaciones, la vía prevista es acordar con el área municipal de bienestar animal dónde se colocan esos puntos de alimentación, que según la misma guía deben quedar lo más ocultos posible. Así que tirar los cuencos o desmontar las casetas de los gatos ha dejado de ser algo que pueda decidir la junta de propietarios, que tiene que respetar su permanencia y llevar cualquier queja al ayuntamiento.
Foto | Nathalie Jolie
En Coco y Maya | La Ley de Bienestar Animal lo confirma y conlleva multa: se prohíbe a los dueños de perros y gatos usar cualquier utensilio que limite su movilidad
Ver 0 comentarios