Redacción Coco y Maya
EditorCruzarte en el portal o en el ascensor con el perro de un vecino que va sin bozal puede hacerte dudar de si tu seguridad o la de tus hijos está en juego, y de si puedes hacer algo al respecto. Y es que, aunque la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no dedica ningún artículo a los perros, contempla mecanismos para actuar cuando la conducta de otro propietario se convierte en un problema de convivencia.
Qué dice el artículo 7.2. Este apartado de la Ley de Propiedad Horizontal establece que “al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.
Pero la norma no contiene disposiciones concretas sobre animales de compañía ni dice cómo deben moverse por las zonas comunes. Lo que sí recoge la misma ley, en su artículo 9.1, es la obligación de cada propietario de hacer un uso adecuado de los elementos comunes evitando daños o desperfectos, y de observar la diligencia debida en sus relaciones con el resto de vecinos.
La Ley de Bienestar Animal también cuenta. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales recoge en su artículo 26 las obligaciones de quienes conviven con animales de compañía. Entre ellas está la de “adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasione molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o a las cosas”.
Eso sí, ese artículo no menciona el bozal ni detalla cada situación que puede darse en una comunidad de vecinos. Vamos, que no obliga a ponérselo a todos los perros, aunque sí exige prevenir los riesgos, por lo que si un perro debe llevarlo por sus características o porque lo establece la normativa, su responsable tiene que cumplir con esas medidas de seguridad.
Cuándo el bozal es obligatorio. En el caso de los perros potencialmente peligrosos, el Real Decreto 287/2002 exige en su artículo 8 que, en lugares y espacios públicos, lleven un bozal apropiado para su tipología racial y vayan sujetos con cadena o correa no extensible de menos de dos metros. Pero el texto se limita a ese ámbito, sin mencionar de forma expresa las zonas comunes de un edificio.
Por eso conviene revisar también los estatutos de la comunidad, que pueden fijar condiciones para la presencia de perros en las zonas comunes siempre que respeten la legislación vigente. Y si no dicen nada y las dudas siguen ahí, cualquier propietario puede pedir que el asunto se trate en la junta para acordar unas pautas de convivencia, algo que la propia LPH contempla en sus artículos 6 y 16.
Primero, el requerimiento. Antes de llegar al juzgado, el presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario u ocupante, tiene que exigir al responsable del perro que cese de inmediato en esa conducta, advirtiéndole de que, si no lo hace, se iniciarán las acciones judiciales oportunas. Si el vecino sigue igual, el presidente puede presentar contra él una acción de cesación, que se tramita a través de un juicio ordinario, siempre que antes lo autorice la junta de propietarios convocada al efecto.
Con la demanda hay que aportar la acreditación del requerimiento y el certificado del acuerdo de la junta. A partir de ahí, el juez puede ordenar como medida cautelar el cese inmediato de la actividad, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, y adoptar cualquier otra medida cautelar que haga falta para que esa orden se cumpla.
Lo que puede acabar decidiendo el juez. Si la sentencia da la razón a la comunidad, además del cese definitivo de la actividad puede imponer una indemnización por los daños y perjuicios y privar al infractor del derecho a utilizar la vivienda o el local durante un máximo de tres años, en función de la gravedad de la infracción. Y cuando quien causa el problema no es el propietario sino un ocupante, la sentencia puede declarar extinguidos todos sus derechos sobre la vivienda y ordenar su lanzamiento inmediato.
Por lo tanto, el artículo 7.2 puede servir de referencia ante los problemas de convivencia con perros siempre que su conducta encaje en lo que la ley considera una actividad molesta, peligrosa o prohibida por los estatutos, mientras que los estatutos de cada comunidad pueden recoger normas concretas sobre cómo circulan los animales por los espacios compartidos, siempre dentro de los límites legales.
Foto | Annie Spratt
En Coco y Maya | Ya ha entrado en vigor la norma de la Ley de Bienestar Animal que prohíbe a los dueños de perros y gatos que sus mascotas practiquen estas actividades
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